Advierten un panorama desalentador en términos de políticas públicas y respuesta del Estado ante la violencia de género
Desde el Observatorio de esta grave problemática que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia, alertaron que "en los municipios hubo una reducción en los equipos profesionales abocados a la asistencia y protección de víctimas, muchas dificultades en los municipios para la gestión y compra de botones antipánicos y en el funcionamiento de las comisarías de la Mujer y la Familia.
El trabajo aporta información estadística sobre la violencia familiar y de género remitida por instituciones oficiales de la Provincia. El Observatorio de Violencia de Género que forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, elabora informes que son presentados a organismos nacionales e internacionales.
En diálogo con JUNINDIGITAL, Malacalza dijo que "existe un aumento exponencial de casos y denuncias tanto en los fueros penal como de familia por distintos delitos vinculados a la violencia de género y contra las mujeres. Esto da cuenta que se trata de una problemática con muchas dificultades para ser abordadas de parte de la justicia y con políticas públicas que no son integrales y no abordan la problemática en toda su complejidad".
Añadió que "hay una enorme concentración de la gestión en la violencia contra las mujeres y de género en el ámbito judicial y policial y muchas menos definiciones en los ámbitos del Ejecutivo con lo que tenga que ver con la asistencia y protección a la víctima y hay una línea que no aparece definida en las políticas que tienen que ver con las reparaciones de las víctimas y sus allegados, especialmente en cuanto a femicidios y esto no se impulsa desde los Ejecutivos".
Advirtió que "en los municipios hubo una reducción en los equipos profesionales abocados a la asistencia y protección de víctimas, muchas dificultades en los municipios para la gestión y compra de botones antipánicos, muchas dificultades en los funcionamientos de las comisarías de la Mujer y la Familia con equipos interdisciplinarios que no serían los suficientes para la cantidad de denuncias".
En la provincia de Buenos Aires hay más de 600 personas denunciadas en las Comisarías de la Mujer y la Familia a lo que se suma la inexistencia de móviles policiales abocados exclusivamente a esas comisarías. "Hay un panorama bastante desalentador en términos de políticas públicas o de respuestas del Estado y muy alentador en términos de concientización de las mujeres para no tolerar más situaciones de violencia", expresó Malacalza.
A esto aportó la doctora Racac que "el observatorio de violencia de género es un organismo de monitoreo de política pública y puntualmente nos hemos concentrado en esta función de solicitar información a los organismos tanto del Poder Ejecutivo como Judicial que intervienen en el abordaje de la violencia familiar y de género. Hay muchas dificultades en el Estado para producir información, para darla a conocer, analizarla y difundirla".
"Puntualmente desde el Observatorio -agregó- en forma anual, solicitamos a estos organismos para que nos remitan la información para poder hacer estos informes estadísticos y luego presentar las conclusiones que surgen de esos informes".
FALTA UNA INVESTIGACION PROACTIVA DE PARTE DE MUCHAS DE LAS FISCALIAS
Malacalza dijo que "hay respuestas de parte del Estado en la aplicación de medidas de protección y la investigación de algunos delitos. Nos llama la atención la cantidad de delitos que se denuncian en el marco de violencias de género, centralmente los de amenazas o lesiones, que son el 70% de las denuncias y más del 75% de esas denuncias se archivan por lo que no hay una investigación proactiva por parte de muchas de las fiscalías y hace que esa búsqueda de protección o denuncia frente a un delito, no se tenga la respuesta adecuada de parte del Estado".
"Hubo femicidios en los que se registraron denuncias previas y no se han aplicado las instancias de protección. Sabemos que muchas mujeres logran las medidas de protección y eso es una manera de que los hechos de violencia cesen", especificó la coordinadora del Observatorio dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
A renglón seguido puso de relieve que "nosotros al analizar el funcionamiento del Estado, vemos sus deficiencias, las señalamos pero para que las políticas opúblcias sean más eficientes. Nuestro trabajo apunta a colaborar con el ámbito judicial y del Ejecutivo para lograr una respuesta más integral".
NECESIDAD DE UNA RESPUESTA ARTICULADA
A su vez, la doctora Racac especificó que "uno de los núcleos críticos que detectamos es la falta de articulación entre las distintas instancias del Poder Judicial como los juzgados de Familia y de Paz que dictan las medidas de protección con el fuero penal que llevan adelante las investigaciones de los delitos si el hecho constituye un delito".
"Esta falta de articulación y coordinación lo advertimos en las dificultades que el Poder Judicial y el Ejecutivo tienen para articular en el establecimiento de políticas integrales, es decir, no solamente el abordaje judicial de la violencia familiar y de género sino también el establecimiento a través de las áreas del Poder Ejecutivo de determinadas políticas que faciliten el acceso a la vivienda, trabajo, capacitaciones laborales, que necesariamente deben ir en este sentido y no fragmentadas, como advertimos que ocurren", resaltó la profesional.
Laurana Malacalza, por su parte, dijo que "los espacios de articulación a partir de la presentación de las denuncias en comisaría o en el Poder Judicial y con una respuesta integral sobre todo de los gobiernos municipales y provinciales en temas como vivienda y acceso al trabajo, darían una respuesta más articulada e intersectorial. Eso sería no solamente una medida de protección sino la posibilidad de generar un proyecto de vida distinto a partir de una situación de violencia".
INFORMES Y RECOMENDACIONES
El aporte del Observatorio se hace a través de la presentación de informes, recomendaciones, mesas de trabajo, participando en todas las instancias que son convocadas por gobiernos municipales, provincial o nacional a la vez que "hemos presentado informes a nivel internacional en distintos comités de Naciones Unidas impulsando recomendaciones para que el Estado defina e implemente políticas públicas acordes a la problemática".
"Nos parece importante llegar a todos los distritos, con las mesas locales de prevención de violencia de género porque son espacios para impulsar ya que constituyen ámbitos de articulación y coordinación de los actores locales y de definición de políticas locales. Nos parece importante no solamente dar nuestra voz, sino también recoger la voz y los trabajos que se están haciendo desde los territorios que es desde donde se debe trabajar la problemática", concluyó la doctora Racac.
LA DISERTACION EN EL SALON DE LA DEMOCRACIA:
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