El Sindicato de Trabajadores Municipales desea conocer el Presupuesto 2018 para plantear el porcentaje de aumento
Este martes se realizó un encuentro con funcionarios del Ejecutivo que volverá a repetirse el viernes donde los representantes del gabinete municipal presentarán los números que manejan para el año que viene. Sin definiciones en torno al bono de fin de año. Gabriel Saudán dijo que se van devolviendo las horas extras.
Este martes se desarrolló una reunión entre dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales conducido por Gabriel Saudán con representantes del Ejecutivo en donde se le pidió a los funcionarios la información necesaria del Presupuesto 2018 y así poder realizar con certeza el porcentaje de incremento salarial para el año que viene, independientemente de lo que hace a las estimaciones inflacionarias para 2018.
Ante esto se realizará una nueva reunión el viernes. "Necesitamos ver el Presupuesto o por lo menos los números exactos", dijo Gabriel Saudán a JUNINDIGITAL. Agregó el dirigente sindical que "el porcentaje que vamos a solicitar no va a estar atado al Presupuesto pero nos parece serio tratar este tema desconociendo los números".
El gremio ya tiene un porcentaje estimado pero se desea cotejar con los números del Presupuesto 2018 para darle mayor firmeza y seriedad a la petición.
Se ha pedido el bono también pero se está al aguardo de una respuesta. "No se nos ha negado pero tampoco nos han dicho que sí. Quedaron que el Ejecutivo se iba a juntar e iban a tratar el tema. Hasta que no se avance en ese sentido, no nos han podido dar una respuesta", dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En torno a esto hay mucha preocupación habida cuenta de que la mayoría de los municipios de Cambiemos han dicho no a las peticiones de los gremios municipales en cada distrito e inclusive a nivel nacional "El tema nos tiene bastante preocupados", expresó Saudán.
La preocupación en las negociaciones está dada en los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal que prácticamente obligará a los intendentes a fijar un diez por ciento de incremento salarial, porcentaje que no alcanza para cubrir las necesidades de los trabajadores señalaron dirigentes sindicales.
En torno a horas extras, Gabriel Saudán sostuvo que "se están devolviendo en la mayoría de los casos. Han hecho una revisión caso por caso y se han ido devolviendo. No existe un caso en donde no se haya concretado esa devolución. Por allí, en algunos casos se devolvió en menor cantidad pero se fueron devolviendo porque la realidad es que el municipio, en muchas secciones, se debe funcionar de lunes a lunes. No hay reclamo de ningún lugar donde no se haya devuelto".
EL DIEZ POR CIENTO DE VIDAL
María Eugenia Vidal tiene un número en la cabeza para los incrementos salariales que piensa ofrecer el año próximo a los docentes, empleados públicos, médicos, integrantes del Poder Judicial y policías. En total, un universo de 600 mil empleados bonaerenses que el oficialismo buscará convertir en parámetro de las paritarias nacionales.
Ese número -aunque se maneja en reserva, con excesiva sensibilidad y no se hará público hasta que comiencen formalmente las negociaciones- es del 10 por ciento. Esto es: justo en el medio de la inflación que se estableció como meta en el Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso, que prevé un salto de precios de entre el 8 y el 12 por ciento.
La carta con la que el vidalismo intentará seducir a los empleados es la cláusula gatillo, que se dispara en el momento en que el índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) supera el acuerdo paritario. Consideran en la administración de la Provincia que funcionó muy bien este año.
Los estatales, que tuvieron negociaciones menos conflictivas que los docentes, habían cerrado inicialmente un 18 por ciento de aumento. La escalada de la inflación hizo que se reabriera la discusión. Van a cerrar 2017 en torno al 21 por ciento.
La idea de Vidal -post elecciones y para el caso de que se confirmen las tendencias que marcan las encuestas- es encarar un verano tranquilo, con paritarias cerradas. Un objetivo que muchos ponen en duda.
Los gremios docentes nuclean a cerca de 300 mil personas. Los primeros tanteos ya demostraron que serán negociaciones arduas. "Ya estamos acostumbrados. Siguen respondiendo al kirchnerismo", asumen en el vidalismo.
BONO DE FIN AÑO, HASTA AHORA SOLAMENTE PARA TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR
Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos.
Así lo confirmaron altas fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta les permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones.
Pero, según consideran en Balcarce 50, "este año es distinto". "No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe", indican.
En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. "Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", exponen.
En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre $ 2.000 y $ 3.500.
No obstante, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular.
Esos $ 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
"No vamos a enviar un solo peso más", avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri.
¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.
Este martes se desarrolló una reunión entre dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales conducido por Gabriel Saudán con representantes del Ejecutivo en donde se le pidió a los funcionarios la información necesaria del Presupuesto 2018 y así poder realizar con certeza el porcentaje de incremento salarial para el año que viene, independientemente de lo que hace a las estimaciones inflacionarias para 2018.
Ante esto se realizará una nueva reunión el viernes. "Necesitamos ver el Presupuesto o por lo menos los números exactos", dijo Gabriel Saudán a JUNINDIGITAL. Agregó el dirigente sindical que "el porcentaje que vamos a solicitar no va a estar atado al Presupuesto pero nos parece serio tratar este tema desconociendo los números".
El gremio ya tiene un porcentaje estimado pero se desea cotejar con los números del Presupuesto 2018 para darle mayor firmeza y seriedad a la petición.
Se ha pedido el bono también pero se está al aguardo de una respuesta. "No se nos ha negado pero tampoco nos han dicho que sí. Quedaron que el Ejecutivo se iba a juntar e iban a tratar el tema. Hasta que no se avance en ese sentido, no nos han podido dar una respuesta", dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
En torno a esto hay mucha preocupación habida cuenta de que la mayoría de los municipios de Cambiemos han dicho no a las peticiones de los gremios municipales en cada distrito e inclusive a nivel nacional "El tema nos tiene bastante preocupados", expresó Saudán.
La preocupación en las negociaciones está dada en los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal que prácticamente obligará a los intendentes a fijar un diez por ciento de incremento salarial, porcentaje que no alcanza para cubrir las necesidades de los trabajadores señalaron dirigentes sindicales.
En torno a horas extras, Gabriel Saudán sostuvo que "se están devolviendo en la mayoría de los casos. Han hecho una revisión caso por caso y se han ido devolviendo. No existe un caso en donde no se haya concretado esa devolución. Por allí, en algunos casos se devolvió en menor cantidad pero se fueron devolviendo porque la realidad es que el municipio, en muchas secciones, se debe funcionar de lunes a lunes. No hay reclamo de ningún lugar donde no se haya devuelto".
EL DIEZ POR CIENTO DE VIDAL
María Eugenia Vidal tiene un número en la cabeza para los incrementos salariales que piensa ofrecer el año próximo a los docentes, empleados públicos, médicos, integrantes del Poder Judicial y policías. En total, un universo de 600 mil empleados bonaerenses que el oficialismo buscará convertir en parámetro de las paritarias nacionales.
Ese número -aunque se maneja en reserva, con excesiva sensibilidad y no se hará público hasta que comiencen formalmente las negociaciones- es del 10 por ciento. Esto es: justo en el medio de la inflación que se estableció como meta en el Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso, que prevé un salto de precios de entre el 8 y el 12 por ciento.
La carta con la que el vidalismo intentará seducir a los empleados es la cláusula gatillo, que se dispara en el momento en que el índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) supera el acuerdo paritario. Consideran en la administración de la Provincia que funcionó muy bien este año.
Los estatales, que tuvieron negociaciones menos conflictivas que los docentes, habían cerrado inicialmente un 18 por ciento de aumento. La escalada de la inflación hizo que se reabriera la discusión. Van a cerrar 2017 en torno al 21 por ciento.
La idea de Vidal -post elecciones y para el caso de que se confirmen las tendencias que marcan las encuestas- es encarar un verano tranquilo, con paritarias cerradas. Un objetivo que muchos ponen en duda.
Los gremios docentes nuclean a cerca de 300 mil personas. Los primeros tanteos ya demostraron que serán negociaciones arduas. "Ya estamos acostumbrados. Siguen respondiendo al kirchnerismo", asumen en el vidalismo.
BONO DE FIN AÑO, HASTA AHORA SOLAMENTE PARA TRABAJADORES DE LA ECONOMIA POPULAR
Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos.
Así lo confirmaron altas fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta les permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones.
Pero, según consideran en Balcarce 50, "este año es distinto". "No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe", indican.
En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. "Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", exponen.
En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre $ 2.000 y $ 3.500.
No obstante, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular.
Esos $ 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
"No vamos a enviar un solo peso más", avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri.
¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.
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