Será en sesión extraordinaria en el mediodía del viernes. Por este tema hay dos despachos. Productores agropecuario pidieron informe sobre el manejo del agua en el distrito. Se aprobará la licencia anual del intendente Petrecca.

En el Salón Azul del Concejo Deliberante se realizará este viernes 5 a las 12, la primera sesión extraordinaria del cuerpo deliberativo comunal.

En la oportunidad, luego de constituirse el cuerpo en comisión, se tratará el proyecto de ordenanza referido a la adhesión a la Ley Nacional N° 27.351 (Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud).

Un segundo tema a tratar gira en torno a un pedido de informe de productores agropecuarios del partido para que se informe respecto al manejo del agua, regulación de compuertas y niveles de cota, en particular del canal del Río Salado.

DESPACHOS DE COMISION

Por unanimidad también se tratará la aprobación de la licencia anual del intendente municipal y el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Junín, Consejo Escolar y el propietario del predio Santa Paula.

Por mayoría y minoría se tratará la adhesión al régimen provincial de responsabilidad fiscal municipal ley 14.984.

QUE ES EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL: UN AJUSTE PARA LOS MUNICIPIOS BONAERENSES

Durante el tratamiento de este tema en el pasado mes de noviembre, esta reforma  generó más rechazos por parte de los intendentes que el presupuesto 2018 en sí mismo y el endeudamiento pedido por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los municipios que no adhieran al régimen de responsabilidad fiscal no podrán recibir "asistencia financiera provincial y/o nacional". En otras palabras, que no recibirán ni adelantos de la coparticipación provincial por parte de la Gobernación ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de parte del Ministerio del Interior.

"La responsabilidad fiscal es un objetivo surgido del sentido común", aseguró Lacunza cuando visitó la Legislatura. "Se pide que el personal municipal no suba más que la población, que la deuda contraída sea razonable, que no se le trasladen problemas financieros al sucesor... en definitiva, reglas básicas de una administración", insistió.

La ley votada en noviembre establece algunas modificaciones centrales sobre el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal (Ley provincial 13.295):

Endeudamiento: Los municipios no pueden endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. También los obliga a adherir al régimen de responsabilidad fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de provincia o Nación.

Aumento del gasto: los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Antes, se calculaba sobre el crecimiento del PBI.

Personal: se compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos). O que sean autorizados por la provincia.

"Despilfarros" de última hora: la ley prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados) o dispongan de los bienes municipales.

Reducción de tasas: la reforma invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higinie o Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Información completa: la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.

Ejecución presupuestaria: la reforma aprobada anoche insiste en que los municipios publiquen su presupuesto en su sitio web oficial, algo que cumplen muy pocos. También les pide una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria. Detalle que, en este caso, tampoco cumple la provincia (su última actualización es del primer trimestre de 2017). Por último, exige un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus salarios.