Incertidumbre generalizado ante el traspaso de los Centros de Formación profesional al Ministerio de Trabajo
Corren riesgos los cursos que se están dictando actualmente. Se efectivizará en 45 días. Los CFP de Junín están en estado de alerta y consulta permanente.
Genera profunda preocupación una nueva medida del gobierno provincial ya que se ha emitido una resolución por la que trasfieren todos los centros de formación profesional que funcionan en la provincia de Buenos Aires a la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, generando en dicha cartera un Instituto de Formación Laboral que se encargará de toda la actividad de formación profesional en la provincia.
"Si bien la notificación oficial llega para los centros conveniados -dijo a JUNINDIGITAL Margarita Giles, directora del Centro de Formación Profesional 402-, la resolución habla claramente que este Instituto de Formación Laboral se hace cargo de toda la formación profesional, conformado por 228 centros, es decir, la tres cuarta parte de la formación profesional. Según esta resolución los convenios se caen en 45 días, según esta resolución, a partir de su firma que se concretó el 9 de marzo".
Agregó que "en 45 días, la Dirección General de Cultura y Educación debe resolver la rescisión de todos los convenios y el Ministerio de Trabajo debe conveniar con las entidades que ellas creen convenientes en el territorio".
Explicó Margarita Giles (foto) a este portal digital informativo que "los centros de formación profesional en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora dependemos todos de la Dirección General de Cultura y Educación y los docentes dependemos del Estatuto Docente. Hay centros que están conveniados con sindicatos y con algunas confesiones religiosas, básicamente, la Iglesia Católica ademas de organizaciones sociales como Barrios de Pies o CTP. Los conveniantes aportan sus saberes acerca de los sectores a los que están dirigidos, por eso son los convenios y así por ejemplo, SMATA harán metalúrgicos y los del CTP prepararan personas para trabajar en los sectores más populares".
Aclaró que todos "preparamos para la producción y el trabajo. No estamos haciendo nada que no es producción. Por ejemplo, cuando formamos gente para auxiliares de la educación ellos se emplean en el Estado o cuando se da Peluquería, ese egresado pone una peluquería en su barrio y ayuda a alimentar a su familia".
"La empleabilidad -como es la mirada que tiene el Ministerio de Trabajo- no es la única salida para trabajar. También están los cuentapropistas, los emprendimientos pequeños por ejemplo. Nosotros también nos dedicamos a la formación integral del trabajador. Por lo que hemos visto en la resolución y en un borrador de la reglamentación, la mirada es formar operarios para la industria que acá en Junín no hay tantos establecimientos industriales".
Los sueldos serán liquidados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y seguirán con el Estatuto del Docente pero el tema es saber quienes serán los centros que serán conveniados, mientras que en los centros de formación profesional "puros" (Por ejemplo, en Junín 401) "el problema será que el Ministerio de Trabajo determinará la nómina de cursos y lo que se dará en cada centro, es decir, desaparecerán las instancias territoriales en la que nosotros, todos los años, con la presencia de distintos actores, pensamos en la planificación de los centros de formación", detalló Margarita Giles.
Esto genera inestabilidad en los instructores porque "no sabemos si los cursos que se venían dando seguirán siendo considerados pertinentes por el Ministerio de Trabajo", agregó la directora del Centro de Formación Profesional 402 a JUNINDIGITAL.
"Estamos en estado de alerta. La resolución la obtuvimos por vía no oficial el 9 de marzo y cuando preguntamos a las autoridades, a fines del año pasadon y principios de este, nos dijeron que no estaban en la agenda, pero no era real porque fue firmado el 9 de marzo", expresó Giles.
Los directivos e instructores de los dos centros de formación profesional (401 y 402) que funcionan en Junín, están realizando asambleas en forma permanente. "Hay algo que cabe destacar es que los centros conveniados, que continúen, lo harán por DIEGEP, es decir que se convertirán en escuelas públicas de gestión privada. Esto significa que la formación de trabajadores pasaría a ser privada. Nosotros, en nuestra matrícula, tenemos una importante cantidad de asistentes que no puede pagar 15 pesos de cooperadora, es decir, que también se verán complicados a la hora de acceder a la formación", detalló.
El panorama es de incertidumbre por cómo se instrumentarán estos cambios que serán resistidos ya que "no solamente nos quitan derechos solamente a los trabajadores de los centros de formación profesional sino también a la comunidad de trabajadores que llega para buscar capacitación para mejorar su condición laboral o para buscar empleo cuando están en situación de desocupado".
"Tenemos una certeza ante la resolución que llegó y la incertidubre es que no sabemos cómo se va a implementar. Lo que dice la resolución es que en 45 días se rescinden todos los convenios, y de ahí en más esa esa es la única certeza. No sabemos si van a volver a conveniar con todas las entidades, la resolución dice que eso está sujeto a decisión del Ministerio de Trabajo. la incertidumbre es para nosotros como trabajadores, que no sabemos cuál será nuestro destino y para las personas que están viniendo a capacitarse porque no sabemos si vamos a poder certificarlos, por ejemplo", graficó Marga Giles en diálogo con JUNINDIGITAL
"Si bien la notificación oficial llega para los centros conveniados -dijo a JUNINDIGITAL Margarita Giles, directora del Centro de Formación Profesional 402-, la resolución habla claramente que este Instituto de Formación Laboral se hace cargo de toda la formación profesional, conformado por 228 centros, es decir, la tres cuarta parte de la formación profesional. Según esta resolución los convenios se caen en 45 días, según esta resolución, a partir de su firma que se concretó el 9 de marzo".
Agregó que "en 45 días, la Dirección General de Cultura y Educación debe resolver la rescisión de todos los convenios y el Ministerio de Trabajo debe conveniar con las entidades que ellas creen convenientes en el territorio".
Aclaró que todos "preparamos para la producción y el trabajo. No estamos haciendo nada que no es producción. Por ejemplo, cuando formamos gente para auxiliares de la educación ellos se emplean en el Estado o cuando se da Peluquería, ese egresado pone una peluquería en su barrio y ayuda a alimentar a su familia".
"La empleabilidad -como es la mirada que tiene el Ministerio de Trabajo- no es la única salida para trabajar. También están los cuentapropistas, los emprendimientos pequeños por ejemplo. Nosotros también nos dedicamos a la formación integral del trabajador. Por lo que hemos visto en la resolución y en un borrador de la reglamentación, la mirada es formar operarios para la industria que acá en Junín no hay tantos establecimientos industriales".
Los sueldos serán liquidados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y seguirán con el Estatuto del Docente pero el tema es saber quienes serán los centros que serán conveniados, mientras que en los centros de formación profesional "puros" (Por ejemplo, en Junín 401) "el problema será que el Ministerio de Trabajo determinará la nómina de cursos y lo que se dará en cada centro, es decir, desaparecerán las instancias territoriales en la que nosotros, todos los años, con la presencia de distintos actores, pensamos en la planificación de los centros de formación", detalló Margarita Giles.
Esto genera inestabilidad en los instructores porque "no sabemos si los cursos que se venían dando seguirán siendo considerados pertinentes por el Ministerio de Trabajo", agregó la directora del Centro de Formación Profesional 402 a JUNINDIGITAL.
"Estamos en estado de alerta. La resolución la obtuvimos por vía no oficial el 9 de marzo y cuando preguntamos a las autoridades, a fines del año pasadon y principios de este, nos dijeron que no estaban en la agenda, pero no era real porque fue firmado el 9 de marzo", expresó Giles.
Los directivos e instructores de los dos centros de formación profesional (401 y 402) que funcionan en Junín, están realizando asambleas en forma permanente. "Hay algo que cabe destacar es que los centros conveniados, que continúen, lo harán por DIEGEP, es decir que se convertirán en escuelas públicas de gestión privada. Esto significa que la formación de trabajadores pasaría a ser privada. Nosotros, en nuestra matrícula, tenemos una importante cantidad de asistentes que no puede pagar 15 pesos de cooperadora, es decir, que también se verán complicados a la hora de acceder a la formación", detalló.
El panorama es de incertidumbre por cómo se instrumentarán estos cambios que serán resistidos ya que "no solamente nos quitan derechos solamente a los trabajadores de los centros de formación profesional sino también a la comunidad de trabajadores que llega para buscar capacitación para mejorar su condición laboral o para buscar empleo cuando están en situación de desocupado".
"Tenemos una certeza ante la resolución que llegó y la incertidubre es que no sabemos cómo se va a implementar. Lo que dice la resolución es que en 45 días se rescinden todos los convenios, y de ahí en más esa esa es la única certeza. No sabemos si van a volver a conveniar con todas las entidades, la resolución dice que eso está sujeto a decisión del Ministerio de Trabajo. la incertidumbre es para nosotros como trabajadores, que no sabemos cuál será nuestro destino y para las personas que están viniendo a capacitarse porque no sabemos si vamos a poder certificarlos, por ejemplo", graficó Marga Giles en diálogo con JUNINDIGITAL
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