En un escenario de pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante la inflación y con la intención de recaudar la totalidad de los aportes a la seguridad social, a partir de este mes las cámaras empresariales y los sindicatos no podrán acordar sumas no remunerativas, algo que también alcanza al sector público.
Es que en las próximas horas entrará en vigencia el decreto del presidente Mauricio Macri por el que Ministerio de Trabajo nacional no homologará los acuerdos y convenios que fijen sumas salariales o aumentos no remunerativos, es decir que no paguen cargas sociales, con el objetivo “de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional”. De esta manera, este instrumento de pago que casi todos los gremios han utilizado en los acuerdos del año (inclusive el propio Estado lo usa) no tendrá vigencia.
De hecho, la medida condicionará la etapa de revisión de las paritarias del segundo semestre que se hará por la escalada inflacionaria. Y más aún, hará modificar ofertas como la que el Gobierno de María Eugenia Vidal les hizo a los docentes, ya que el 1,7% de aumento adicional en concepto de material didáctico se preveía no remunerativo. A nivel nacional, el fondo de incentivo docente, que es de $1210 por cargo, se paga de igual manera.
Tal como adelantó DIB el pasado 10 de julio, el decreto reconoce que “en la dinámica de la negociación colectiva se observa que en diversos convenios colectivos y acuerdos salariales se otorgó carácter no remunerativo a determinados conceptos, cuando éstos, por su naturaleza, revisten carácter remuneratorio”. En consecuencia, y “en resguardo de los recursos genuinos destinados a la seguridad social y a fin de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional” se instruye al Ministerio de Trabajo a no dar curso, ni homologar ni registrar dichos acuerdos o convenios.
El decreto exceptúa los casos en que las empresas estén bajo “el procedimiento preventivo de crisis”, los beneficios sociales, como provisión de ropa de trabajo o servicios de comercios o los viáticos del personal a cargo de las empresas y las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones por falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada.
La suma no remunerativa suele recibir el visto bueno de las tres partes que negocian. Para el Gobierno (que a su vez los otorga con sus empleados) porque resuelve una negociación sin un conflicto; para los empresarios porque pagan menos impuestos y cargas sociales; y para el al trabajador porque esa suma no remunerativa no recibe descuentos de aportes patronales, jubilación y obra social.
Cabe recordar que en marzo, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, había anunciado que el Gobierno planeaba ir eliminando paulatinamente el carácter de no remunerativas a aquellas sumas que integran de tal forma el salario. Estas últimas, indicó, representan hoy alrededor del 7,5% de la masa total de remuneraciones, por lo que eliminarlas significaría un incremento en la recaudación entre los $45 mil y los $50 mil millones.
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