El bloque de concejales de Unidad Ciudadana, presentó dos proyectos en el Concejo Deliberante para que el Municipio no adhiera a la permisiva resolución 246-MAGP-18. La misma regula el uso de fitosanitarios (fumigación con agrotóxicos) en la Provincia de Buenos Aires y entró en vigencia desde el 1 de enero de 2019.
“Esta resolución habilita a fumigar zonas contiguas a establecimientos educativos, con el único límite para la aplicación de que se haga fuera del horario escolar”, afirman desde UC. También permite la aplicación en lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderían la zona de amortiguamiento.
Desde Unidad Ciudadana sostienen que la Resolución 246 “es una norma regresiva que busca reabrir el debate en torno a las limitaciones de los agrotóxicos. Lo que pretenden es modificar las normas municipales para hacerlas más permisivas”.
En nuestra ciudad el uso y aplicación de los fitosanitarios está regulada por la Ordenanza 6425/2013, (ver aparte) que acuerda y sanciona la llamada franja verde o zona de amortiguamiento. Dicha Ordenanza clasifica los fitosanitarios y fertilizantes según una escala de riesgos siguiendo indicaciones de Senasa. El Municipio realiza los trámites de habilitación y registro de aplicadores y equipos agroquímicos.
Desde el bloque presidido por Rodolfo Bertone, sostienen “que la Ordenanza actual garantiza las buenas prácticas agropecuarias y demuestra que se puede producir sin envenenar a la gente”. El pedido lleva además la firma de los concejales Victoria Muffarotto, Olga Prieto y José Bruzzone.
Es por ello que el bloque de ediles ha presentado dos proyectos para que el Departamento Ejecutivo a cargo del Intendente Pablo Petrecca no adhiera ni suscriba Convenio alguno con el Ministerio de Agroindustria y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, a fin de aplicar en el Partido de Junín la Resolución 246.
VER EL TEXTO DE LA ORDENANZA QUE REGULA EL TEMA EN JUNIN
LAS DISPOSICIONES PROVINCIALES
El 1º de enero entró en vigencia una nueva resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense que determina pautas para la aplicación de fitosanitarios, aunque la medida no establece distancias de prohibición.
El documento establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento tales como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales.
La aplicación de productos agroquímicos en esas áreas, según la resolución, deberán "considerar las características intrínsecas del producto a utilizar, la regulación necesaria del equipo y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación".
Asimismo, la normativa determina que para realizar una fumigación fitosanitaria en con "maquinaria agrícola terrestre de arrastre, montada o autopropulsada" el usuario deberá "prever la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones" necesarias.
Escuelas
En tanto, en su artículo 5 prohíbe el uso de plaguicidas en las inmediaciones de establecimientos educativos en horario escolar. "Es la primera vez que desde la Provincia se elabora una norma de estas características que apunta tanto a cuidar la salud de la población, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y al mismo tiempo a mantener las actividades productivas a través de la sustentabilidad y sostenibilidad", destacó el ministro Leonardo Sarquís durante la presentación de la normativa.
Por otra parte, la resolución señala que los municipios podrán acordar con el Ministerio para auditar las aplicaciones que considere oportunas verificando el correcto cumplimiento de las buenas prácticas agropecuarias.
Sarquís subrayó que la resolución se basa en el informe elaborado en forma conjunta por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación en julio pasado luego de varias audiencias públicas.
Medidas locales
El uso de agroquímicos es un tema que preocupa en el interior bonaerense. De hecho, más de setenta distritos ya han avanzado con normativas locales para regular su uso. En muchas comunas las medidas dictadas son más exigentes que las tomadas por provincia e incluyen prohibiciones en las zonas linderas a las ciudades.
En Ramallo, hay una la ordenanza plantea que las fumigaciones terrestres se realicen 300 metros después de los límites urbanos, mientras que está prohibida de manera aérea en todo el distrito. En Areco y Saavedra las distancias rondan entre los 100 y 150 metros por tierra, respectivamente, y los dos kilómetros con aviones. En tanto, en Ayacucho la distancia para "mosquitos" es de 500 metros, al igual que en Saladillo. En este último distrito existe además una protección de 100 metros para las escuelas rurales.
SE SUMAN RECHAZOS
La resolución 246 del Ministerio de Agroindustria bonaerense, que determina pautas para el uso de agroquímicos, cosechó nuevos rechazos en distintos municipios y ONG´s que advirtieron que se trata de una medida de carácter general, sin parámetros concretos para establecer distancias de aplicación.
Si bien la resolución no es obligatoria, invita a los distritos a adherirse ante la inexistencia de una ley que regule el uso de los agroquímicos, y cuando al menos unos 70 distritos cuentan con ordenanzas que establecen diferentes criterios al respecto. Pero la falta de distancias de aplicación establecidas despertó las críticas, debido a que algunas normativas locales son consideradas "más exigentes" que la de la Provincia.
Concejales de Chivilcoy, a partir del pedido de docentes de escuelas rurales y en línea con los reclamos de la Red Federal de Docentes por la vida, presentaron ayer un amparo judicial para frenar la resolución con el patrocinio de la abogada Florencia Casamiquela.
Mientras que hoy presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que regule en todo el partido de Chivilcoy el uso indiscriminado de los agroquímicos.
En los últimos días, unas 300 organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un duro comunicado en el que se oponen con firmeza a la norma, al señalar que "debilita el ya débil control del Estado, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la decisión de con qué y cómo fumigar".
Ante los cuestionamientos, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, defendió la iniciativa, dijo que se trata de una herramienta puesta a disposición de los municipios y destacó que busca "acompañar, ayudar a controlar y poner un orden a las resoluciones que ya existen con respecto al uso de los fitosanitarios".
"Los municipios nos pedían que hagamos algo en relación a este tema", sostuvo Sarquís. Y agregó: "Nosotros sabemos que hay proyectos en la legislatura que pueden avanzar o no, el tema es que hacemos mientras eso pasa".
Entre las principales críticas a la resolución, que entró en vigencia el 1º de enero, figura que el uso de fitosanitarios queda a criterio de "las buenas prácticas" de los productores, más allá de que esboza algunas zonas de amortiguamiento tales "como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales".
"El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar", advirtieron las ONG, que calificaron la norma como "regresiva".
La medida ya había sido cuestionada por diputados de Unidad Ciudadana a principios de este mes, quienes pidieron al Ejecutivo que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
Mientras tanto, la preocupación crece sobre todo en comunidades rurales. Por ejemplo, en Cascallares, una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos, los vecinos hicieron público su descontento con una serie de imágenes sobre la fumigación que se está aplicando en un lote próximo a un barrio del Plan Federal de viviendas, plantearon sus temores y reclamaron más controles.
Cabe señalar que el jefe comunal tresarroyense no firmó el apoyo a la resolución de Agroindustria, a la que sí adhirieron unas 40 comunas durante un acto celebrado en diciembre en La Plata. Desde ese municipio señalaron que debían "analizarlo bien", mientras que crece la polémica en los distritos firmantes frente a los planteos de vecinos y de dirigentes de la oposición.
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