El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación celebró la entrega del Premio Nacional a la Calidad en la Justicia 2017, galardón que recompensa la adopción de procesos eficaces en la prestación de servicios judiciales de atención a la ciudadanía. La celebración fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el jefe de Gabinete de asesores, Martín Casares, la coordinadora del programa de Gestión de Calidad del Ministerio, Sandra Dosch, jueces y funcionarios de los poderes judiciales Nacional, bonaerense y porteño.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, defendió el proyecto oficialista que busca bajar la edad de imputabilidad en delitos graves y aseguró que “a partir de los 15 un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial”.

“Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística”, explicó el responsable político de la reforma, y declaró que es a esa edad que los jóvenes comienzan a “cometer sobre todo aquellos hechos más brutales, que son los que van a hacer que a partir de los 15 años uno sea penalmente responsable” como “violaciones y algunos homicidios”.

Además, el ministro comparó la legislación actual con la del resto de los países de la región e informó que “la mayoría tienen como edad los 14 años y algunos tienen menos”. “Nosotros, después de un análisis técnico, realmente entendemos que la edad adecuada son los 15 años. Además, es una edad en la que los jóvenes comprenden la criminalidad de sus actos, sobre todo frente a hechos tan graves”, sostuvo el ministro al diario La Nación.

En ese sentido, consideró que no hay que “pensar la responsabilidad penal como algo malo”, dado que “el joven tendrá que afrontar un proceso en el cual el Estado deberá demostrar que él fue culpable y se le dará un abordaje especial, un abordaje acorde para ese hecho trágico, y que no lo lleve por un camino en el que pierda su vida”.

“Un joven de 15 años debe responder con un régimen especial, con un abordaje especial y debe responder ante esos hechos”, dijo Garavano, al tiempo que sostuvo que el nuevo régimen contribuye a que “las víctimas sientan que se hace justicia y, en definitiva, tengan también una respuesta frente al delito por la pérdida de un inocente”.